The Aspen Institute Forum on the Freedom to Communicate, created and convened in association with Grupo Salinas, is an annual forum among leaders of media, government, business, academia and the non-profit sector to address issues surrounding the freedoms of expression and connectivity in the 21st Century. Its aim is to arrive at actionable steps that can enhance the freedoms of communication, particularly in the Western Hemisphere. The inaugural forum of the series was held February 22, 2012 in Mexico City, Mexico. Panelists issues of connectivity, censorship and competition in Mexico, discussing concrete steps that could be taken to protect the free flow of ideas and foster an environment in which freedom, communication and creativity can flourish.

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Panel 2:  Journalism in the New Media Ecosystem
Fernando Gutiérrez, Chairman, Communication and Digital Arts Department, Tecnológico de Monterrey | Carlos Lauría, Americas Senior Program Coordinator, Committee to Protect Journalists | Monica Lozano, Chief Executive Officer, ImpreMedia |Ray Suarez, Senior Correspondent, PBS NewsHour | Esther Vargas, Journalist and Director of Journalism Classes, Agencia Andina

La libertad de expresión es un derecho fundamental previsto en los artículos 6 y 7 constitucionales; así como en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos tratados suscritos y ratificados por México.

Artículo 6. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. […]

Artículo 7. Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquiera materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito. […]

Artículo 13. Libertad de pensamiento y de expresión.

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:
   a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
   b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el
5. acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.
6. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.

Artículo 19.

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
   a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
   b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

Nota publicada en “El Universal”
Por Carlos Avilés
Jueves 08 de marzo de 2007
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/149067.html

Hasta mayo de 1999, los pactos mundiales estaban por debajo de la Constitución e igual que las normas nacionales.

Los criterios que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en temas polémicos y de alto impacto en la vida nacional se han vuelto, en los últimos tres años, frágiles y susceptibles de sufrir cambios radicales en cuanto a su postura, que pueden ir de un extremo a otro, dependiendo únicamente de quiénes formen parte del máximo tribunal del país. Eso es lo que ha pasado cuando a la Corte se le ha preguntado, en diferentes momentos, cuál es la jerarquía que tienen los tratados internacionales en México.

De diciembre de 1992 a mayo de 1999, en el máximo tribunal del país prevaleció la idea, plasmada en la tesis P.C/92, de que lo que decían los tratados internacionales estaba por debajo de la Constitución, pero tenía la misma jerarquía normativa que las leyes nacionales.

Es decir que en términos prácticos, en orden de jerarquía la Constitución era la principal norma de México y, en un segundo término, en igualdad de condiciones, se encontraban los tratados internacionales y las leyes nacionales.

En 1999 la SCJN, al revisar un juicio de amparo que promovió el Sindicato de Controladores del Transporte Aéreo, estableció un criterio aislado en el sentido de que los tratados tenían una jerarquía superior a todas las leyes y, por ende, la validez de las mismas dependía de su concordancia con los tratados.

Para unos la decisión de los ministros era la correcta; para otros los tratados debían ubicarse a la par de la Constitución mexicana, y para otros más no era posible establecer una jerarquía, y menos de inferioridad, entre los tratados y las leyes.

A ocho años de distancia, con tres nuevos ministros -distintos a los que originalmente emitieron el fallo en 1999- y después de someter a análisis este tema durante más de dos años, el pleno de la Corte, en esencia, ratificó el criterio sobre la jerarquía que tienen los tratados en la vida jurídica de nuestro país. Aunque con un matiz y después de una votación dividida de seis contra cinco.

Esta votación hace posible que el criterio de la Corte pueda ser modificado en cuanto los ministros Genaro Góngora Pimentel y Mariano Azuela Güitrón culminen el periodo para el que fueron elegidos y sean sustituidos en diciembre de 2009.

La mayoría de los ministros -de la que formaron parte Góngora y Azuela- determinaron que los tratados internacionales, junto con lo que denominaron “leyes generales”, son las normas de mayor importancia en la República mexicana, después de la Constitución.

En otras palabras, en esta ocasión la Corte situó en el mismo nivel a los tratados internacionales y las “leyes generales”.

Dentro de las “leyes generales” sólo se encuentran aquellas que el Congreso tuvo que emitir por mandato expreso de algún artículo de la Constitución, como es el caso de la Ley General de Educación, la Ley General de Seguridad Pública y la Ley General de Asentamientos Humanos.

Por debajo de las leyes generales y de los tratados internacionales, la Corte ubicó a todas las demás leyes, federales, estatales y del Distrito Federal (que pueden emitir, de manera libre, el Congreso de la Unión, los congresos estatales y la Asamblea Legislativa del DF), así como las normas municipales.

La consecuencia de esta decisión es que todas las leyes o normas que vayan en contra de lo que establecen los tratados internacionales pueden ser declaradas inconstitucionales.

Para muchos estudiosos, see no puede concebirse la vida humana sin responsabilidad, aunque fuera ésta de orden jurídico o ético. Específicamente la responsabilidad civil obliga a la persona física o jurídica a reparar o indemnizar a otra por los daños y perjuicios que se le cause. El daño puede ser causado por el incumplimiento doloso, culposo o por mora de obligación contractual, por infringir el deber de obrar diligentemente y causar daño, o derivada de actuación constitutiva de infracción penal.(1)

Como consecuencia del daño que se pueda llegar a causar, el derecho elige los hechos que quiere calificar y reglamenta sus consecuencias dentro de la ley. El daño es requisito imprescindible para el nacimiento de la responsabilidad civil. El interés de la responsabilidad civil es restablecer el equilibrio económico jurídico alterado por el daño causado.

El derecho ha seguido regulando la materia y ha contemplado no sólo los daños materiales sino también los daños morales. La indemnización por daño moral constituye actualmente un principio reconocido en todos los sistemas jurídicos modernos y democráticos. Sin embargo, coinciden algunos estudiosos en que la reciente consideración definitiva de la figura, no ha logrado una denominación común en la doctrina jurídica.

En algunos países, la denominación común sobre este tema es daño moral, así es conocida la figura en España, Francia, Argentina, Chile y por supuesto, en México. En otros países como Italia, esta figura es reconocida como daño extrapatrimonial, y en Alemania se trata la institución como daño inmaterial. De cualquier manera la importancia del tema no radica en la variedad de denominaciones sino en el diverso contenido que adquiere esta figura en el ámbito de la teoría de daños. Definitivamente resulta equivocado señalar que lo que no es daño moral, es daño patrimonial…

Para mayor información sobre este interesante tema propongo la siguiente investigación denominada: Estudio actual sobre el daño moral y su situación en México.

Legislación mexicana en materia de comunicación
Fuente: Comisión de Radio Televisión y Cinematografía

– ACUERDO por el que se establecen los lineamientos generales para la orientación, sildenafil planeación, autorización, coordinación, supervisión y evaluación de las estrategias, los programas y las campañas de comunicación social de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
– Acuerdo mediante el cual se expiden los criterios para la clasificación de películas cinematográficas
– Artículos constitucionales relacionados con la comunicación
– Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
– Ley Federal de radio y Televisión
– Ley Federal de Cinematografía
– Ley Federal de Telecomunicaciones
– Ley Federal del Derecho de Autor
– Ley Federal de Procedimiento Administrativo
– Decreto por el que se autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a recibir de los concesionarios de estaciones de radio y televisión el pago del impuesto que se indica
– Decreto de Creación del Instituto Mexicano de la Radio
– Decreto de Creación del Instituto Mexicano de Cinematografía
– Acuerdo número 169, relativo a la expedición de certificados de aptitud de locutores, de cronistas y de comentaristas
– Manual de Organización del Consejo Nacional de Radio y Televisión
– Reglamento de la Ley Federal de Cinematografía
– Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión
– Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad

Sobre las reformas y adiciones a diversas  disposiciones de la legislación federal mexicana en materia de Comercio Electrónico
Por Fernando Gutiérrez y Octavio Islas
Investigadores del Departamento de Comunicación
Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México

“Detrás de cada tecnología existe una filosofía.”

Bajo la óptica de Postman, estudioso de la ecología de los medios de comunicación, detrás de un reloj se encuentra una nueva forma de medir el tiempo, detrás de un periódico o revista se encuentra una nueva forma de informar, detrás de una computadora se encuentra una nueva forma de trabajar… Cada tecnología lleva inherente un nuevo concepto del entorno. Internet, probablemente en mayor medida que otros medios convencionales de comunicación, ha cambiado la concepción del trabajo, entretenimiento, educación, política, comercio, mercadeo…manifestando una forma particular de operación. Esta redefinición en diferentes ámbitos, también involucra, indiscutiblemente, el desarrollo de una regulación específica que asegure las nuevas actividades en un nuevo entorno. Sobre este aspecto se ha realizado un análisis general, enfocado exclusivamente en el caso de México.

El día 29 de mayo del 2000, el entonces presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León, dio a conocer, a través del Diario Oficial de la Federación, diversas reformas y adiciones, a la legislación federal en materia de Comercio Electrónico. Principalmente los cambios y anexos, propuestos por el Congreso de la Unión, afectaron al Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, al Código Federal de Procedimientos Civiles, al Código de Comercio, y a la Ley Federal de Protección al Consumidor. Nueve días después entró en vigor este decreto que ahora forma parte de un primer marco legal que rige las actividades en el ámbito del Comercio Electrónico en nuestro país.