Un asunto internacional de costo y seguridad:
La Polémica del Código Abierto en la Administración Pública

Por Fernando Gutiérrez C. y Octavio Islas C.
Investigadores de Proyecto Internet del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México

Recientemente, en la prestigiada revista norteamericana de tecnologías Wired Digital, se publicó una serie de artículos relacionados con el uso del código abierto en la administración pública de diferentes gobiernos. Uno de estos artículos destaca la existencia de un movimiento conocido como “Iniciativa por la Opción en Software” que intensifica la lucha contra la decisión de varios gobiernos de dictar leyes que promuevan el uso de sistemas de fuente abierta. Este grupo señala, entre otras cosas, que las leyes que promueven el uso de software de código abierto en los ámbitos gubernamentales son aticompetitivas y perjudiciales para el comercio, y una maldición para la economía y los contribuyentes.

Parece ser que este tipo de movimientos surge como consecuencia de la decisión de más de veinte distintos gobiernos, que en un lapso aproximado de un año, han aprobado o propuesto leyes o cambios de políticas que establecen la adopción de software de fuente abierta en los organismos gubernamentales. Por tal razón “La Iniciativa por la Opción en Software” se ocupa de bloquear la aprobación de varias propuestas que aún no han sido tratadas en diversos países, destacando que se les debe permitir a los mercados múltiples competitivos de software crecer y florecer sin impedimentos debidos a preferencias o mandatos del gobierno . Algunos de las compañías que integran esta iniciativa son: Intel (Estados Unidos), Microsoft Corporation (Estados Unidos), Open Solutions (Argentina), Paradigma (Brasil), Asociación Peruana de Software – APESOFT (Perú), Siam Commercial Bank (Tailandia), VSI (Alemania).

Entre las preocupaciones de “La Iniciativa por la Opción en Software” se encuentran países como Venezuela, Colombia, Perú y algunos países miembros de la Comunidad Europea. Por ejemplo en Venezuela, como parte de las “Medidas de Reactivación Económica” y las “Políticas Básicas de Modernización del Estado”, el gobierno ha propuesto incluir un decreto para que las dependencias gubernamentales empleen casi de forma exclusiva software de fuente abierta. De acuerdo con Michelle Delio, en un informe emitido por la Comisión Europea se sugiere que los gobiernos europeos deberían utilizar software de fuente abierta para reducir los costos tecnológicos, que según se estima tendrán un incremento del 28 por ciento en el corriente año y alcanzarán los 6,600 millones de euros (6,700 millones de dólares) .

Por otra parte, la “Fundación de Software Libre” desarrolla nuevas tácticas para divulgar su mensaje sobre la libertad de compartir y modificar el código fuente como un derecho de los usuarios. Sin embargo, durante la última semana del mes de octubre del presente año, se desató una polémica en torno del software libre en Washington.

De acuerdo con Robert McMillan, tres integrantes de la Cámara de Representantes en la Unión Americana enviaron un comunicado a 74 demócratas del Congreso, criticando la Licencia para el Público General de Linux (Software de código abierto) por considerarla una amenaza para la “innovación y la seguridad” estadounidenses. En el comunicado se sugiere que el plan de seguridad incluya un rechazo explícito de las licencias que impedirían o desalentarían la adopción comercial de tecnologías orientadas a la ciberseguridad – como las Licencia para el Público General de código abierto (GPL) -.

Aquellos que defienden y promueven el uso de sistemas de código abierto aseguran que esta polémica no es más que parte de la primera ronda de descargas de lo que sin duda será una gran lucha por la definición del lugar que habrá de ocupar los sistemas de fuente abierta y el software de “Licencia para el Público General” en el gobierno federal. De hecho, en algunas dependencias del gobierno de Estados unidos se utiliza ya el software de código abierta.

En México también se presenta esta polémica sobre el uso de sistemas de código abierto. Según Miguel de Icaza, principal promotor del uso de software libre en nuestro país, el gobierno de México deberá pagar por lo menos 3,500 millones de dólares a Microsoft por las licencias y la renovación de las computadoras que se instalarán en las 1,200 bibliotecas públicas del país, bajo el programa nacional “Hacia un país de lectores”, que forma parte del Sistema Nacional e-México .

Icaza sugiere que con los millones de dólares que podrían ahorrarse en licencias de software propietario el gobierno conseguiría entrenar y emplear a una generación de programadores para crear una industria mexicana de software .

En junio del presente año, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA). anunció que abriría mil centros de alfabetización basados en la red, con un gasto calculado en mil millones de pesos; sin embargo – destaca Hiroshi Takahashi – los mexicanos interesados en vender su tecnología y equipo al instituto no ingresan en el proyecto.

De acuerdo con Takahashi , los productores mexicanos de software, hardware y equipo inmobiliario no tienen oportunidad de participar en el proyecto de las Plazas Comunitarias e-México que actualmente desarrolla el INEA. El argumento que expone esta institución es el siguiente:

“Con fundamento en el artículo 23, fracción I, inciso b) del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y mediante el análisis de información elaborado por el instituto se desprende que los productos nacionales no satisfacen adecuadamente las necesidades de los bienes requeridos por el INEA”,

Según Takahashi, en el anexo I, de las bases de esta licitación del INEA, la primera partida para cubrir 300 plazas comunitarias o centros de alfabetización contempla la compra de dos mil 700 computadoras para estudiantes y 300 para los profesores. Las tres mil computadoras que piden son de la marca Apple, modelo G3. Además, las computadoras deben contar con el sistema operativo Mac OS, de Apple, programas de aplicación de Microsoft Office en español, explorador de internet y software preinstalado que permita la conversión de cualquier documento de cualquier aplicación a formato PDF. La segunda partida, para llenar 600 centros, pide cinco mil 400 computadoras Pentium 4 para los estudiantes y 600 para los profesores. Cada una de estas computadoras debe tener el programa Windows XP Pro, en español, de Microsoft, con licencia y disco compacto. No estipula que deba tener precio para estudiante, destaca el autor.

Bajo la visión Takahashi, de todas las partidas, se deja claro que no podrá utilizarse software gratuito para las mismas, aunque eso significara menores costos. Por otra parte, el proyecto de ley 1609 sobre software libre en la administración pública presentado el 14 de Diciembre del 2001 al Congreso de Perú, enfatiza varios motivos por los cuales el software de un gobierno debe ser abierto . Entre algunas de las razones destacan las siguientes:

Un gobierno debe garantizar que los ciudadanos tengan libre acceso a la información del gobierno: Para lograr esto, es necesario que la codificación de los datos no se encuentre ligada a un solo proveedor. El uso de formatos abiertos y estándar garantiza este libre acceso, haciendo posible la creación de software compatible.

Un gobierno debe garantizar que la información pública esté permanentemente disponible: Resulta necesario que el uso y mantenimiento del software no dependan de la buena voluntad de los proveedores, ni de condiciones monopólicas impuestas por ellos. La disponibilidad permanente de la información pública sólo puede garantizarse por la disponibilidad del código fuente del software usado para acceder a esa información.

Un gobierno debe garantizar la seguridad nacional: Resulta indispensable tener sistemas libres de elementos que permitan control remoto o la transmisión secreta de datos a terceros. Por ello, es imprescindible tener sistemas cuyo código fuente sea libremente accesible al público, para que su inspección por el Estado, los ciudadanos y un gran número de expertos independientes sea posible.

El gobierno del Reino Unido también considera estos asuntos. Un proyecto llamado “Software de código abierto empleado dentro del gobierno de Reino Unido” presentado el 15 de Julio de 2002 por la Oficina de Comercio del gobierno sugiere que el Software de código abierto bien configurado puede ser tan seguro como los sistemas propietarios, y que actualmente está sujeto a menos ataques por Internet. Por tal razón debe hacerse un balance entre la disponibilidad de habilidades de administración y seguridad, y las ventajas de muchos sistemas distintos.

Los productos propietarios muy populares pueden ser significativamente menos seguros que las alternativas de código abierto. Por el momento la decisión de empleo de sistemas de código abierto en la Administración Pública resulta ser cuestión de costo y seguridad para los países preocupados por este tema.