La idea de gravar el acceso a internet con alguna tasa especial no es nueva, ni en México ni en el Mundo. En Estados Unidos, a mediados de los noventa, apareció el interés de algunos de los gobiernos estatales y locales por fijar un impuesto determinado al servicio de acceso a internet, debido al impresionante incremento que observaba el medio con respecto al número de usuarios. Sin embargo, estas iniciativas de fiscalización fueron detenidas por el propio gobierno federal mediante la Internet Tax Freedom Act promovida por el Congreso estadounidense y firmado en 1998 por el entonces presidente Bill Clinton.

La Internet Tax Freedom Act es una ley para conservar a internet libre de impuestos. Esta ley prohíbe la fijación de cualquier gravamen especial para su acceso, o a la transferencia de bits, contratación de ancho de banda o envío y recepción de correos electrónicos. Esta ley ha sido renovada ya en tres ocasiones. La última modificación se hizo en 2007, y en ésta se aprovechó para extender su vigencia por siete años más. El motivo más importante para la conservación de esta ley en Estados Unidos se encuentra en la consideración de internet como pieza clave para el desarrollo del país.

En México, también, desde fines de los noventa, se había intentado ya gravarlo con un impuesto especial. Por fortuna, las iniciativas no encontraron eco en esos momentos. Sin embargo, el interés ha persistido desde entonces y parece que hoy tomó más fuerza que nunca, con la propuesta del Ejecutivo Federal de poder gravar los servicios que se prestaran a través de una red pública de telecomunicaciones con una tasa del 3 por ciento.

La propuesta causó indignación no sólo del sector de telecomunicaciones que se manifestó en contra de la iniciativa sino también de los diversos grupos de usuarios de internet en México. Entre ellos destacan los abonados a redes sociales como Facebook y Twitter, quienes vieron amenazado su nuevo poder de expresión. Estos últimos organizaron un interesante movimiento denominado #internetnecesario, para mostrar su inconformidad. El tema parte de la aún equivocada concepción que tienen algunas personas sobre el medio como una tecnología de élite para élites. Internet, con su variedad de tecnologías, ha sido promotor y constructor de una nueva sociedad global. Hoy muchos usuarios comprenden que puede contribuir a elevar los estándares de vida y de educación, ampliar los círculos de la democracia, la libertad y la facultad de autoridad y acción de los individuos. Esta tecnología otorga a sus usuarios la posibilidad de expresión que nunca encontraron en algún medio anterior.

El gobierno podría encontrar mayor beneficio económico si lo utilizara para una verdadera reingeniería de sus procesos. Un proyecto así, le permitió al gobierno de Estados Unidos, a fines de los noventa, una reducción de 350 mil empleados federales, un ahorro de más de 137 mil millones de dólares, y una eliminación de más de 250 programas y dependencias públicas que prácticamente duplicaban sus funciones. El gobierno mexicano debe comprender que el inteligente empleo de las tecnologías en la administración pública no solamente permite simplificar un considerable número de procedimientos y trámites administrativos, sino que permitirían conformar un Estado más compacto, más productivo, abierto, sensible y amigable a las necesidades dispuestas por el ciudadano.